Actualidad sobre el mundo empresarial

Las empresas buscan a tripulantes de cabina de pasajeros, responsables de calidad en el sector de la alimentación, operadores de cámara y operarios especialistas en la industria del motor. Esos son los perfiles laborales más demandados en España durante 2013 según las previsiones de Adecco.

Adecco es una empresa de gestión de recursos humanos que acaba de publicar su estudio ‘Los + buscados’. Ahí traza el camino a los más de cinco millones de parados para la búsqueda de empleo en diversos sectores.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en marzo había 5.035.243 de personas desempleadas. Para los especialistas de Adecco las perspectivas de mejora aún son lejanas, sin embargo hay sectores que siguen generando empleo, aunque sea a un ritmo ralentizado en comparación con los años de bonanza económica.

Las personas que buscan ahora mismo empleo deberían concentrar su energía en los puestos que, ahora mismo y según Adecco, tienen más demanda: tripulantes de cabina de pasajeros, responsables de calidad, operadores de cámara, operarios especialistas en automoción, en el sector comercial de caja, ingenieros para el extranjero, gestor de recobros, promotores, operarios especialistas en el sector farmacéutico, camareros de pisos, carretilleros, profesionales del Business Intelligence o assistants de dirección.

“Estos perfiles suponen una opción real para encontrar un empleo ya sea para personas con o sin experiencia en ellos. Son trabajos que podrían absorber a parados de ámbitos como el de la construcción o los servicios, permitiéndoles incluso un cambio de orientación en su carrera profesional�, indica el estudio de la empresa.

Los salarios para estos empleos oscilan entre los 12.000 euros brutos anuales (para los operadores de cámara sin experiencia), hasta los 100.000 euros (para los ingenieros en el extranjero con experiencia).

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Cinco Días: Los perfiles laborales más buscados en España

La arrendataria de un local de negocio pretende dar por terminado el arriendo, desistiendo del mismo sin cumplir los seis años de duración pactados invocando imposibilidad económica de continuar en el negocio. Tanto el Juzgado de 1ª Instancia como la Audiencia Provincial de Gijón (s. 18/ 01/2013) desestiman esa alegación y condenan a la arrendataria.

La inquilina debe pagar a su casera 19.086,1 euros, más las rentas vencidas desde la presentación de la demanda hasta sentencia a razón de 2.475 euros mensuales, más intereses legales.

Considera la Audiencia que es menester resolver si es válido el desistimiento unilateral del contrato de arrendamiento de objeto distinto al de vivienda sujeto a la actual LAU de 1994, concertado entre las partes, y frustrado al no ser aceptado por el actor, ya que de esta consideración depende la discusión sobre la cuantía de las deudas correspondientes a las rentas pendientes, pues el arrendador reclama las devengadas hasta la sentencia judicial y el demandado sólo admite las debidas hasta el desistimiento, por lo tanto hay que determinar la validez y eficacia del desistimiento unilateral del contrato que pretende llevar a cabo el inquilino contra la oposición del arrendador.

Conforme a la jurisprudencia existente el desistimiento unilateral no se halla previsto en la LAU de 1994 salvo para los arrendamientos de vivienda, sin que pueda extrapolarse esta regulación a supuestos distintos ni aplicar la normativa de la LAU de 1964 a este supuesto, de modo que no cabe el desistimiento unilateral del arrendatario sin consentimiento del arrendador, salvo que lo contrario se halle permitido en el contrato vigente, y cabe que el arrendador ejercite el derecho a exigir el cumplimiento contractual, amparado en el artículo 1124 Código Civil , como aquí acaece, sin que se haya acreditado causa determinante del cese unilateral ya que los datos contables aportados no reflejan fehacientemente el estado del negocio ni tampoco vedan la apreciación del incumplimiento imputable al arrendatario que faculta al arrendador a exigir el cumplimento del contrato tanto respecto del arrendatario, como del avalista que asume las obligaciones contractuales de aquel, sin que por último sea constitutivo de abuso del derecho a la actuación del arrendador al limitarse a cumplir lo pactado, habiendo perdido como acredita otros arrendatarios.

No puede hablarse de abuso de derecho o de mala fe del arrendador, en cuanto que no ha habido acto abusivo o antisocial de un derecho, que haya sobrepasado sus límites normales y que haya lesionado el derecho de terceros, aunque afecte negativamente a sus intereses, sino simplemente el arrendador ha ejercitado un derecho de resolución del contrato que la ley le confiere y cuya viabilidad la misma avala.

Pedro Hernández, abogado
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A partir de la entrada en vigor de la ley de apoyo al emprendedor se podrá constituir una sociedad con un euro de capital social, algo que ahora no es posible con la regulación española y, sin embargo, sí funciona en otros países. Todavía se está trabajando para finalizar la redacción del texto y que se pueda poner en práctica.

España está a la cola de los países que dan facilidades para montar empresas. Concretamente es el 150 país del mundo donde es más fácil iniciar una actividad empresarial.

Ahora mismo en España necesitas 3.000 euros para crear una sociedad limitada, que es el capital mínimo exigido para su constitución. La Unión Europa, en cambio, permite la constitución de empresas con un solo euro, eso sí, con ciertas cautelas. Ha sido Bruselas quien ha insistido al Ejecutivo español para que facilite la creación de empresas.

Fuentes cercanas al proyecto han explicado a CincoDías que “se trata de facilitar la creación de empresas y que el no disponer de dinero no sea un impedimento. Por eso, se permitirá que cualquier empresario pueda ponerse en marcha con un euro y después vaya desembolsando el capital social restante poco a poco, ya que existen datos que confirman que los primeros cinco años de actividad es cuando existe más riesgo de fracaso�, explican las mismas fuentes.

Reducción de licencias administrativas

La ley también tratará de reducir todas las licencias administrativas que después hacen falta, una vez constituida la sociedad, para poder desarrollar la actividad.

La ley de unidad de mercado ha tratado ya poner cierto orden para que una misma actividad no deba ser autorizada en cada una de las 17 comunidades autónomas, pero lo cierto es que muchos expertos coinciden en que de muy poco sirve que se permita la creación de empresas online sin apenas trabas, si después la concesión de licencias se eterniza en el tiempo y es muy cara. El anteproyecto de ley apostará por la sustitución progresiva de esas licencias por meras declaraciones de responsabilidad de los nuevos empresarios. Este mecanismo, no obstante, también tiene sus peros, ya que obliga a las administraciones a poner en marcha servicios de inspección muy potentes.

Incentivos y exenciones fiscales

La futura ley también contempla dar un impulso a las entidades de capital riesgo, la sociedades de garantía recíproca e incluso prevé la creación de fondos de capital riesgo mixtos público-privados.

Además de los incentivos y exenciones fiscales que tiene previsto incluir la ley para el inicio de la actividad emprendedora, el Gobierno pretende generar un mercado de pagarés donde las pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiación, a través de pequeñas emisiones de deuda, ahora que los canales tradicionales de crédito se encuentran todavía cerrados para la inmensa mayoría. No ha prosperado, en cambio, la idea de generar un portal administrativo controlado y regulado donde las pymes que quieran vender su negocio pudieran ofrecerse a sus potenciales compradores.

Sí parece haber gustado, y mucho, una propuesta realizada por los registradores de la propiedad. Se trata de avanzar hacia una ley de garantías mobiliarias. “Es pasar de la hipoteca inmobiliaria a la mobiliaria, donde las garantías no tienen nada que ver con viviendas, suelo o cualquier otra clase de inmueble, sino con ingresos futuros, licencias, o subvenciones, entre otros”, explican fuentes de los registradores.

Más información
Cinco Días: El Gobierno permitirá crear empresas con un solo euro de capital social

Fernando nos envía su pregunta:

“¿Debo incluir el IVA en el precio de alquiler del anuncio de mi nave?”

Y Pedro Hernández del Olmo, abogado, contesta:

“Hay que partir de la base que el IVA es un concepto cuantitativamente cambiante, de hecho últimamente se ha modificado tres veces (16/18/21%) y ajeno al concepto de alquiler, normalmente debe entenderse que la cantidad que se publicita es sin incluir IVA.

En tal sentido no es aconsejable anunciar un alquiler IVA incluido.

Por otra parte ese IVA será IVA soportado para el arrendatario que, salvo que se dedique a una actividad exenta de IVA, lo trasladará a sus propios clientes.

En definitiva considero que lo más acertado es poner: Alquiler: XXX (IVA no incluido)”

Pedro Hernández, abogado
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El arrendatario de un local de propiedad municipal exige al Ayuntamiento factura en forma, con desglose de IVA en el alquiler. El Ayuntamiento no se la expide y el inquilino deja de pagar el alquiler.

La Audiencia Provincial de Burgos (s.29/11/2012) confirma el desahucio por falta de pago y desestima el recurso de apelación del arrendatario basado en que el arrendador incurrió en “mora accipiendi” al no presentar los recibos de renta hasta el año 2008 y posteriormente negarse a presentar las facturas de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Considera la Audiencia que del tenor literal del contrato resulta, con claridad, la renta que se ha de pagar, cómo y cuando la arrendataria debía pagarla, dentro de los siete primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria reseñada en el contrato.

La arrendataria, no precisaba de la concurrencia de acto alguno de la arrendadora para el cumplimiento de su obligación de pago de la renta.

En ningún lugar del contrato se supedita el pago de la renta a la circunstancia de que previamente al pago el arrendador libre recibo o factura.

Cierto es que el artículo 17.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , aplicable a los arrendamientos de viviendas, impone al arrendador la obligación de entregar recibo del pago de la renta, “salvo que se hubiere pactado que el pago se realice mediante procedimiento que acredite el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario” . Si bien, en todo caso, la única consecuencia que establece el precepto para el caso de que el arrendador incumpla la obligación de dar recibo (prevista solo en el caso de que no se hubiera pactado el pago en forma tal que quedara constancia del mismo) es la de correr con los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago.

En ningún caso la falta de entrega de recibo, efectuado el pago, puede justificar el incumplimiento de la obligación de pagar la renta, por cuanto que no se trata de obligaciones recíprocas.

Tampoco la falta de expedición de una factura sin los requisitos fiscales puede justificar el impago de la renta. Aún en la hipótesis de entender que la arrendataria resultaba por ello perjudicada debería haber consignado la renta y efectuar la pertinente solicitud a la Agencia Tributaria.

Pedro Hernández, abogado
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La subida del IVA realizada el año pasado por el Gobierno fue la más importante del mundo en 2012. Así lo indica la consultora KPMG en su estudio ‘Corporate and indirect tax rate survey’ y que recoge El País. Según este análisis, Europa es la región del mundo con los tipos de sociedades más bajo y los de IVA más altos.

Las mayores subidas del IVA en 2012 en el mundo corresponden a España (del 18% al 21%), Hungría (del 25 al 27%), Irlanda (del 21 al 23%), Holanda (del 19 al 21%) y Serbia (del 18 al 20%). En la otra cara de la moneda aparece, Grecia (del 23 al 20%). El país con este tributo más elevado del mundo es Hungría (27%). Por contra, Aruba (con un tipo del 1,5% en el impuesto sobre el consumo), Nigeria (5%), Yemen (5%) y Japón (5%) son los que menor impuesto aplican.

El Ministerio de Hacienda español subió el tipo reducido del 8% al 10% y el general del 18% al 21% el año pasado. Las subidas de este impuesto indirecto a nivel global fueron del 0,17% y del 0,37% de media en el conjunto de la Unión Europea (UE). No obstante, el tipo general —el que se aplica a la mayoría de productos— en España, el 21%, es menor que la media de la UE (21,13%), aunque un poco más elevado que la media del continente (20%).

“España partía de un tipo impositivo general del IVA muy por debajo de la media de la UE�, señala Celso García Granda, socio responsable del área de tributación de KPMG Abogados. El Gobierno además de subir los tipos limitó los productos y servicios a los que se aplica el tipo reducido.

Más información
El País: España es el país del mundo que más subió el IVA en 2012

Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el comercio al por menor son un nuevo jarro de agua fría para la economía española. Ahí van: En el año 2012, el �ndice General del Comercio Minorista presenta una variación del -6,8% respecto al año 2011. Es el mayor retroceso desde el inicio de la crisis y suma cinco años consecutivos a la baja.



Las ventas en el comercio minorista a precios constantes (es decir, eliminando el efecto de los precios) presentan una variación anual del –10,2% en diciembre, cerca de dos puntos y medio por debajo de la tasa registrada en noviembre.

Las ventas sin incluir las estaciones de servicio registran una variación anual del –10,1%. El desglose por tipo de productos de las ventas minoristas muestra una disminución del 5,1% en Alimentación y del 13,9% en Resto.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio, descontando el efecto precios, bajan un 10,2% respecto a diciembre de 2011.

La variación del �ndice General del Comercio Minorista entre los meses de diciembre y noviembre del año pasado es del 22,1%. Esta tasa representa el menor aumento de los últimos cinco años.



Todas las comunidades autónomas a la baja

Todas las comunidades autónomas presentan tasas anuales negativas de sus ventas minoristas en el mes de diciembre. Los mayores descensos se registran en Castilla y León
(–12,3%) y Cantabria (–12,1%).

En el conjunto del año 2012, las comunidades que presentan los mayores descensos son
Castilla-La Mancha (9,5%) y Región de Murcia (9,3%).



Más información
INE: �ndices de Comercio al por Menor (ICM). Base 2005 Diciembre 2012. Datos provisionales
Cinco Días: El comercio cae al mayor ritmo desde que empezó la crisis

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano experimentó un descenso, en el tercer trimestre de 2012, situándose así en 168,4 euros. Representa un descenso del 0,7% en la tasa interanual y del 13,9% respecto al trimestre anterior.

En los municipios de más de 50.000 habitantes el valor del metro cuadrado aumentó hasta alcanzar los 342,00 euros, un aumento del 11,2% en la tasa interanual. En estas localidades, los precios más altos se registraron en Madrid (648,8 €/m2), Barcelona (584,9 €/m2), Granada (494,3 €/m2) y Castellón (453,2 €/m2). Los precios medios más bajos, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se registraron en las provincias de Ciudad Real (45,4 €/m 2), Burgos (135,3 €/m2) y León (163,1 €/m2).

El número de transacciones realizadas en el tercer trimestre de 2012 fue de 3.826, un 5,1% más que las realizadas en el segundo trimestre de 2012, que ascendieron a 3.641 y un 7,9% superior a las que se realizaron en el tercer trimestre de 2011, donde se transmitieron 3.546 solares.

Si clasificamos los municipios por número de habitantes, las transacciones se contabilizan de la siguiente manera. Entre los de menos de 1.000 habitantes, se realizaron 528 operaciones, un 20% más que en el mismo trimestre del 2011. En las localidades entre 1.000 y 5.000 habitantes, fueron vendidos 869 solares, es decir, un aumento del 2,8% en la tasa interanual. Unos cuantos menos, 804, en los municipios de entre 5.000 y 10.000, un 50,6% más que en el tercer trimestre de 2011. En las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes se traspasaron 1.031 propiedades, un 4,1% menos en la tasa interanual. Por último, se realizaron 594 compraventas en localidades de más de 50.000 habitantes, un 8,9% menos que en el tercer trimestre de 2011.

En total, fueron 4,2 millones de metros cuadrados los que se transmitieron en el tercer trimestre de 2012, por un valor de 569,2 millones de euros. Las variaciones interanuales totales son de un 17,6% menos de superficie transmitida y de un 16,7% menos del valor de dichas superficies.

Más información:

Ministerio de Fomento: Estadística de Precios de Suelo correspondiente al tercer trimestre de 2012

En el BOE nº 289 sábado 1 de diciembre de 2012, se publica el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Ante todo conviene recordar que existe obligación de expedir factura en todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por quienes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Hay que subrayar que en el ámbito arrendaticio solamente está exentos de IVA los alquileres de vivienda, alquilada a persona física que la utiliza como tal, estando por lo tanto sujetos a IVA todos los demás, es decir no sólo los de oficinas, locales comerciales y naves industriales sino también entre otros los turísticos o de vacaciones, a estudiantes, vivienda a empresas, garajes y plazas de aparcamiento etc.

Como obligación previa para este caso está la de darse de alta en el IAE como arrendador epígrafe 861.1 –vivienda-, 861.2 –local-, con el fin de practicar las declaraciones/liquidaciones trimestrales de IVA (Modelo 303) y la anual (Modelo 390).

Ello conlleva la obligación de expedir mensualmente factura por los alquileres percibidos que reúna los requisitos formales exigidos, se exponen a continuación de modo resumido, los que afectan a facturas por alquileres:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
b) La fecha de su expedición
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto,.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

Medios para expedir las facturas: Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación.

La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento.

Plazo para la expedición de las facturas: Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación.

Moneda y lengua de las facturas: Los importes que figuran en las facturas podrán expresarse en cualquier moneda, a condición de que el importe del Impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros. Las facturas podrán expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración tributaria, cuando lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá exigir una traducción al castellano, o a otra lengua oficial en España.

Conservación de facturas: Se deberán conservar las facturas recibidas y copia de las emitidas durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria. En la actualidad cuatro (4) años.

Infracción tributaria: Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos. La sanción va desde 150 euros para infracción leve hasta el 75% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción, infracción grave (facturas falsas)-.

Pedro Hernández, abogado
Blog: http://www.pedrohernandezabogado.com/
Consultas legales: 807 520 008 (1,18 €/min. desde fijo; 1,53 €/min. desde móvil)

El Gobierno congelará la parte regulada del recibo de la luz en la próxima revisión trimestral de la Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR). Así que el precio que pagarán los usuarios durante el primer trimestre de 2013 dependerá del coste de la energía que arroje la subasta que se celebrará a finales de mes. Son unos 20 millones de hogares y pymes los que están acogidos a la TUR (tarifa que se factura a los que no se han cambiado al mercado liberalizado).

“El Gobierno ha decidido que el precio -de la luz- sea un reflejo exacto de lo que marca la subasta”, afirmó en una entrevista con Efe el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La TUR, que se revisa trimestralmente, resulta de la suma de dos componentes: los peajes -que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno-, y el precio de la energía que resulta de las subastas denominadas Cesur.

Hasta ahora, apuntó Soria, si la subasta resultaba al alza los peajes se bajaban para no reflejar esa subida en el precio de la energía, lo que provocaba que se generara más déficit de tarifa eléctrica.

Preguntado por si teme que la subasta salga al alza ante la reacción del mercado, Soria subrayó que “también lo entendían en el mes de septiembre y la subasta bajó un 4,5%, “lo que permitió una rebaja de la tarifa del 2,3%”.

En su opinión, si “alguien” dice que los mercados están descontando esa subida “alguien” podría cuestionar cómo se establece el coste de la energía, a lo que añadió que él quiere seguir pensado que se fija mediante una subasta entre generadores de la electricidad y comercializadores.

Más información
Cinco Días: El Gobierno trata de contener la subida de la factura de la luz