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Tuesday, 12 March 2013

¿Se puede cancelar el contrato de alquiler del local si el negocio no funciona?

La arrendataria de un local de negocio pretende dar por terminado el arriendo, desistiendo del mismo sin cumplir los seis años de duración pactados invocando imposibilidad económica de continuar en el negocio. Tanto el Juzgado de 1ª Instancia como la Audiencia Provincial de Gijón (s. 18/ 01/2013) desestiman esa alegación y condenan a la arrendataria.

La inquilina debe pagar a su casera 19.086,1 euros, más las rentas vencidas desde la presentación de la demanda hasta sentencia a razón de 2.475 euros mensuales, más intereses legales.

Considera la Audiencia que es menester resolver si es válido el desistimiento unilateral del contrato de arrendamiento de objeto distinto al de vivienda sujeto a la actual LAU de 1994, concertado entre las partes, y frustrado al no ser aceptado por el actor, ya que de esta consideración depende la discusión sobre la cuantía de las deudas correspondientes a las rentas pendientes, pues el arrendador reclama las devengadas hasta la sentencia judicial y el demandado sólo admite las debidas hasta el desistimiento, por lo tanto hay que determinar la validez y eficacia del desistimiento unilateral del contrato que pretende llevar a cabo el inquilino contra la oposición del arrendador.

Conforme a la jurisprudencia existente el desistimiento unilateral no se halla previsto en la LAU de 1994 salvo para los arrendamientos de vivienda, sin que pueda extrapolarse esta regulación a supuestos distintos ni aplicar la normativa de la LAU de 1964 a este supuesto, de modo que no cabe el desistimiento unilateral del arrendatario sin consentimiento del arrendador, salvo que lo contrario se halle permitido en el contrato vigente, y cabe que el arrendador ejercite el derecho a exigir el cumplimiento contractual, amparado en el artículo 1124 Código Civil , como aquí acaece, sin que se haya acreditado causa determinante del cese unilateral ya que los datos contables aportados no reflejan fehacientemente el estado del negocio ni tampoco vedan la apreciación del incumplimiento imputable al arrendatario que faculta al arrendador a exigir el cumplimento del contrato tanto respecto del arrendatario, como del avalista que asume las obligaciones contractuales de aquel, sin que por último sea constitutivo de abuso del derecho a la actuación del arrendador al limitarse a cumplir lo pactado, habiendo perdido como acredita otros arrendatarios.

No puede hablarse de abuso de derecho o de mala fe del arrendador, en cuanto que no ha habido acto abusivo o antisocial de un derecho, que haya sobrepasado sus límites normales y que haya lesionado el derecho de terceros, aunque afecte negativamente a sus intereses, sino simplemente el arrendador ha ejercitado un derecho de resolución del contrato que la ley le confiere y cuya viabilidad la misma avala.

Pedro Hernández, abogado
Blog: http://www.pedrohernandezabogado.com/
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